Javier Fonseca.
El Rey fue alertado en 2007 por miembros de la Casa Real de las actividades ilícitas de Iñaki Urdangarín. La gravedad del asunto llevó a que el Rey D. Juan Carlos tomara cartas en el asunto para solucionar el problema dentro de la propia casa y sin que el asunto trascendiera para no convertirse en un escándalo. Hoy se evidencia que la estrategia diseñada por la Casa Real falló, y al final se ha convertido en un grave problema para la imagen de la propia institución monárquica.
La Casa del Rey no permaneció impasible ante las actividades empresariales de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, séptima en la línea de sucesión al trono de España. En la primavera de 2006 envió a Barcelona a un asesor externo para tratar la situación con él y sus abogados. En febrero de ese año, el PSOE balear había cuestionado por primera vez —aunque sin citar a Urdangarin— los 1,2 millones de euros abonados por el Gobierno de Jaume Matas para la organización de eventos deportivos al Instituto Nóos, entidad presidida por el duque de Palma desde 2004.
El Rey habló personalmente con Urdangarín y le impuso un asesor externo.
El emisario, siempre según fuentes oficiales, fue el letrado José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, marqués de San Saturnino, consejero de Patrimonio Nacional y persona muy próxima a palacio desde al menos 1993, cuando de la mano de Fernando Almansa inició su actividad como asesor externo.
El enviado de la Casa del Rey se reunió con Urdangarin y examinó las cuentas de la entidad, que había sido constituida sin ánimo de lucro en 1999. Y comprobó que las actividades de Nóos y la red empresarial tejida a su alrededor sí tenían ánimo de lucro, por lo que aconsejó al duque de Palma que se desvinculara de inmediato de la misma.
En junio de ese año, Urdangarin abandonó la presidencia de la entidad. Su esposa, la infanta Cristina, también dejó su puesto como vocal de la junta directiva. El despacho de abogados catalán que asesoraba al duque de Palma, Bergós, le recomendó entonces que constituyera una fundación para promover la cultura y el deporte que sirviera para canalizar y reorganizar sus actividades privadas. Pero la fundación, según fuentes oficiales, no operó como tal porque el asesor externo de la Casa del Rey recomendó lo contrario. Fue más allá: su consejo consistió en indicar que lo mejor era que Urdangarin se marchara de España y buscara trabajo en otro país.
Le recomendaron irse al extranjero para alejarlo del foco del escándalo
La Casa del Rey siguió las recomendaciones de Romero y pidió a Urdangarin que tratara de encontrar empleo fuera, decisión que tardó dos años en materializarse. Finalmente, en abril de 2009, la Corona anunció que la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y sus cuatro hijos se trasladarían a Washington después del verano por motivos profesionales. El duque de Palma trabaja desde entonces para Telefónica Internacional en Estados Unidos. La infanta, aparte de su agenda oficial, sigue colaborando en trabajos humanitarios con la Fundación La Caixa, sobre todo en Latinoamérica.
Las primeras dudas sobre las actividades empresariales del duque de Palma a través del Instituto Nóos surgieron por los convenios de la entidad con el Gobierno balear entre 2005 y 2006, cuando el duque de Palma logró dos contratos por 2,3 millones de euros para organizar congresos sobre turismo y deporte en las islas.
Pero el Ejecutivo valenciano, presidido en ese momento por Francisco Camps, llevaba contratando con Nóos desde 2004. Le encargó la organización de tres ediciones de unas jornadas deportivas llamadas Valencia Summit —por 3,7 millones de euros— en 2004, 2005 y 2006, y la elaboración de un estudio para celebrar unos Juegos Europeos en 2006 —en este caso, el conglomerado de Urdangarin cobró 382.000 euros.
A través de Nóos, presuntamente, el dinero público conseguido de los Gobiernos balear y valenciano se desviaba hacia empresas privadas con ánimo de lucro que eran propiedad de Urdangarin. En concreto, la investigación judicial señala que el duque de Palma y su socio, Diego Torres, “organizaron un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles, a través de las cuales desviaban los fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos, apoderándose de los mismos”.
